DEMOCRACIA DIRECTA

  (Publicado en el Diario de Cádiz en Mayo de 2010)

         

          Decía, en una entrevista publicada recientemente en el Diario de Cádiz, la prestigiosa Arquitecta, Sara Martín Cámara: “En Suiza, casi se paraliza una obra si se desvía del presupuesto.” Y hablaba con palabras que producen envidia, sana envidia: “En la democracia directa suiza, cualquier discusión pública puede ser llevada a referéndum.”

             Así se decidió recientemente en una consulta popular en el Cantón de Ginebra: la prohibición de construir minaretes y la aprobación de un presupuesto suplementario para una nueva línea de tren de cercanías.

         Esta interesante entrevista con la joven arquitecta española, triunfadora internacionalmente, es de las que elevan la moral y le hacen a uno creer en una juventud capacitada y preparada para coger el relevo, aunque, tal como están las cosas en España, tengan que salir al extranjero para ser realmente valorados.

           La sociedad española fue admirada en época no muy lejana. La Europa del Este, que vivía su propia transición política, tenía como ejemplo la trayectoria seguida por nuestros políticos de los años setenta, capaces de renunciar a sus legítimos intereses en aras del bien común, capaces de firmar los Pactos de la Moncloa en Octubre del 77 y aprobar nuestra vigente Constitución en Diciembre del 78. ¿Qué queda de aquello? ¿Dónde y cuando perdimos esa casta de políticos de altura?

          Uno de esos países que nos admiraban y veían como ejemplo, la antigua Checoslovaquia, ejerció en Noviembre del 89, otra suerte de eficaz “democracia directa”. La conocida plaza de Wenceslao era diariamente, desde el 17 de Noviembre, un hervidero de lo mas variado de la ciudadanía checoslovaca, estudiantes, obreros de las fabricas cercanas, amas de casa…, no cabía un alfiler, ni en la plaza, ni en las calles aledañas, hasta tal punto que la pacifica y ordenada manifestación se tuvo que trasladar a un lugar más amplio, al Parque Letná, junto al estadio del Sparta de Praga, una explanada con cabida para mas de un millón de personas.

          Manifestaciones pacíficas, multitudinarias,  - estamos hablado de mas de un millón de personas en un país, la antigua Checoslovaquia, que apenas llegaba a los quince millones – ordenadas y ejemplo de civismo, en las que el dramaturgo, duramente represaliado por el régimen comunista, Vaclav Havel, fue literalmente empujado por el pueblo a asumir responsabilidades políticas que no deseaba. Y así un día y otro día hasta lograr, nada más y nada menos, que la llegada de la democracia. Eso también es “democracia directa”

            La Democracia, por definición, es el gobierno del pueblo, pero hemos convenido colectivamente en ponerle el apellido “representativa”, es decir, el pueblo sigue ejerciendo la soberanía colectivamente, pero elije a unos representantes para que, “en su nombre” tomen las decisiones que la sociedad, en su conjunto, desearía tomar para lograr  mejoras sociales, económicas, formativas, sanitarias o de cualquier índole.

             Esa democracia representativa, basa su buen funcionamiento en varios principios, llamémosles básicos, inquebrantables, condicionantes, como son la independencia y autonomía de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en que a su vez se subdivide, pero también en unas leyes electorales que otorguen la representación a quienes resultan con mayoría de votos y no del resultado de los “apaños” a espaldas del pueblo.

           Si lo anterior no se cumple, si el sistema no funciona o los representantes de la ciudadanía, no hacen su trabajo convenientemente, esa “soberanía delegada” debe volver de inmediato a sus legítimos ostentadores, antes de que el mal sea irreparable. Para eso, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una “Ley de Iniciativa Legislativa Popular” por la que un millón de ciudadanos europeos, pertenecientes a nueve estados miembros, pueda proponer nuevas leyes, cambios en las existentes o abolición de alguna de ellas, es decir: ejercer la “democracia directa”.

            Naturalmente, se me dirá: En España ya tenemos la Ley Orgánica  3/84 y su reforma en 2006 que regulan este derecho a los españoles. Efectivamente, existe esa Ley, pero, sin entrar en profundidades, que no es el lugar, citaremos al Profesor Joaquín Marco, que en la Revista General de Derecho Constitucional de octubre de 2009, escribía sobre: “…los pírricos rendimientos de nuestra norma (referida a esta Ley)…ya que, tras más de veinticinco años de vigencia, solo una de las cincuenta proposiciones presentadas ha alcanzado el anhelado éxito legislativo”

             El profesor Marco, y muchos prestigiosos profesionales del Derecho Constitucional, critican la Ley vigente y proponen cambios que la conviertan en eficaz herramienta democrática. Claro está que nuestros políticos profesionales no les hacen caso, ¿Cómo van a modificar una Ley que pueda quitarles, auque sea, una mínima parcela de poder?...Pues entonces, solo nos queda una forma de ejercer nuestros derechos democráticos: La iniciativa popular de la sociedad civil manifestándose pacifica, pero contundentemente, en contra de quienes no responden a la confianza en ellos depositada. No solo los sindicatos pueden ejercer este derecho, y lo mismo que se promueven “Plataformas para salvar La Caleta, o la Aduana”, o lo que estimemos oportuno, promovamos una a nivel nacional (Internet es un vehiculo magnífico), “Plataforma para salvar a España”