HACIENDA SOMOS TODOS

            Esta frase publicitaria de nuestra Agencia Tributaria, de hace ya unos años, mereció hasta portadas de la mejor revista humorística jamás publicada en España, “La Codorniz”. Sus portadas eran por si solas un estudio sociológico y en esta ocasión hacia un irónica parodia sobre la frase en cuestión.

          En realidad lo que quería decir es que Hacienda no somos todos, sino solo unos cuantos. Esos cuantos que tenemos una nómina o unos ingresos controlables fácilmente por la Hacienda Pública, sin posibilidad de evasión o camuflaje. Me refiero a funcionarios, empleados, y poco más. Personas de una economía, no siempre modesta, pero siempre ajustada.

         Acaban de publicar un informe policial, una filtración interesada, sin duda, de políticos catalanes con millonarias cuentas, en Euros naturalmente, en bancos suizos. No hay que escandalizarse por el hecho de que unos españoles con pocos escrúpulos pongan a buen recaudo sus fortunas y las alejen lo más posible de las  cortísimas garras de Hacienda. Digo que no es escandaloso porque es de sobra conocido y no es nuevo, lo hacen muchos, muchísimos, hasta alcanzar nada menos que el treinta por ciento de nuestro PIB, es decir, la nada desdeñable cifra de 300.000 millones de Euros.

          El caso catalán es aun más grave porque ese dinero no procede de un legítimo lucro empresarial, su origen, según dicho informe filtrado a la prensa, procede del cobro absolutamente ilegal  de porcentajes por obras públicas adjudicadas a dedo y otros “negocios” nada transparentes de los sucesivos gobiernos y partidos políticos catalanes.

           Los Fiscales Generales y los máximos responsables políticos responsables de perseguir y castigar estas conductas, no han puesto mucho empeño en los últimos años, es más, estos datos ahora conocidos tienen su origen en investigaciones de otros países europeos, que al descubrir en sus listados de defraudadores la presencia de españoles, han comunicado a nuestro Gobierno estas irregularidades.

           Recientemente, el Gobierno de la Sra. Merkel obtuvo datos sobre cuentas  de ciudadanos alemanes en Suiza y no hay país serio en el mundo que se limite, como ha hecho España, a ofrecer una amnistía fiscal a esas fortunas, si sus propietarios deciden repatriarlas. Muy pocos lo han hecho, como era de esperar. En Italia, que nos precedió por esa misma vía, regresaron algunos millones de Euros más, pero tampoco nada significativo. La única forma de evitar esa fuga  de capitales tan importante no es otra que la vigilancia y control por parte de los responsables de la Agencia Tributaria, el Fiscal General y los Ministerios del ramo.

               Contrasta esta apatía con el empeño de bancos, notarios y policía en el cumplimiento puntual y sujeto a la más estricta legalidad,  de los desahucios de viviendas por impago de hipotecas o alquileres. Parecía que, por fin, los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, iban a consensuar medidas de urgencia para detener esa inmensa marea de desahucios, que ya ha originado algún suicidio, pero finalmente tampoco en esto llegaron a un acuerdo y el Gobierno, timorato y con miedo a no perjudicar gravemente a los bancos, ha aprobado unas medidas que no resuelven el problema, lo aplazan por dos años y solo para determinadas circunstancias muy especificas de cargas familiares o situación económica muy límite, defraudando, una vez más a los ciudadanos que sufren más directa y gravemente las consecuencias de esta terrible crisis.  

               Los españoles, que ya hace tiempo perdimos la inocencia, y cada vez más desconfiamos de nuestra clase política (tercer problema más grave del país según las encuestas) no podemos entender la rigurosa persecución de quien no paga los plazos de una hipoteca y la condonación de los millonarios préstamos de los bancos a partidos políticos y sindicatos. ¿A cambio de qué?

             Hacienda seremos todos, cuando los grandes defraudadores sean perseguidos, localizados, castigados y obligados a repatriar sus grandes fortunas, y el esfuerzo recaudatorio no se centre en quienes no tienen ni ingresos importantes ni posibilidad alguna de defraudar, presas fáciles para la Agencia Tributaria. Un éxito en la detección y castigo de los defraudadores, en el terreno del “dinero negro” o la evasión de capitales, reportaría a las arcas del Estado muchos más ingresos que  miles de contribuyentes “controlados” por la Hacienda Publica.